Relatividades del Estado y el Contrato Social

La Construcción Europea, como la construcción de España, seguirá el ritmo que la Historia ha marcado a otros grandes imperios. Llevará asociado un proceso de consolidación paulatino, una serie de pasos, sin que por ello haya que considerar como fracaso las sucesivos conflictos y obstáculos que vayan surgiendo. En definitiva, ¡no hay que forzar la máquina!. Yo creo que estamos comenzando a subir el escalón definitivo, convencido de que nuestros hijos, la próxima generación, verá esa unión absoluta más allá del mercadeo y los intereses patrios. ¡Será su Nación!

No obstante, considero interesante obviar el término nación, nacionalidad. Desmitificarlo. Nación debe ser aquello que uno siente como suyo. Fuera de ese contexto, poco más.

El Estado no es una herencia de castas y logros comunes, no es una lengua común, ni un territorio forjado por el devenir de la Historia. No es, por tanto, un sortilegio Historia-Religión.  Los Estados, y naciones, se redefinen día a día. Los Estados son más y menos Estado en función del Gobierno y la Sociedad Civil de turno. Un Estado es un órgano competencial de organización y regulación de las actividades sociales. Poderse entonar "Asturias, patria querida" o "el aquelarre de la autodeterminación" y reivindicar una Unión de Estados Europeos es totalmente compatible y necesario.

Lo que define el estado no son las ideologías. Porque las ideologías son meras imposiciones y, en cierta forma, son opuestas al fin último de la democracia.

Un Estado es un "proyecto de futuro", común a todos, donde todos (inclusive los que no piensan como nosotros) tengan cabida, donde todo ciudadano se identifica con el objetivo estatal de progreso y búsqueda de bienestar, un espacio donde cada individuo tenga la garantía de poder ser libre y ejecutar sus principios éticos, morales y religiosos sin ofender ni ser ofendido.

La unión hace la fuerza y nos sitúa en la ventaja estratégica de poder afrontar negociaciones desde un punto de vista ventajoso, una unión basada en la pluralidad y la divergencia es totalmente enriquecedora. No me refiero con ello a la pluralidad que vivimos hoy en día, lo cual no debería entenderse como tal. 

Asistimos a una vida parlamentaria donde cada cual muestra un monólogo, una sociedad autista y un entorno cultural y socioeconómico donde prima el sectarismo, donde destaca la clara ausencia del debate y el rigor de planteamientos intelectuales.

Para mi Estado y Contrato Social tienen como premisa y objetivo ser el marco de referencia para lograr un hombre pleno, llana y simplemente.

Debemos de pugnar para que el hombre piense en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del Mundo una morada de paz y de tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. 

He aqui un enlace para que veais cual es el Estado mas poderoso del planeta, no solo en lo intelectual sino en lo economico.

Un nuevo contrato social

España ha cambiado mucho desde 1978. La sociedad, las formas de pensar, el problema militar, el terrorista, las relaciones con Europa… España ha dado un giro sorprendente. El modelo autonómico vino a satisfacer las reclamaciones nacionalistas: el autogobierno. Por ende, también se extendió por el resto del país. ¿Esto ha sido bueno? Sí. La gestión más próxima tiene que estar lo más cerca posible del ciudadano, no sólo para ofrecer una buena administración y ayuda, sino para ejercer un mayor control. Creo que el modelo de descentralización no debe ser sólo al campo regional, sino traspasar a lo local, llegar hasta la democracia más participativa posible.

Esto tiene que ir con un planteamiento básico: se descentraliza para ayudar al ciudadano, no se descentraliza por un territorio. El ciudadano es la piedra angular del sistema, no las regiones. Cuanto más feliz sea un ciudadano, cuanto mejor pueda vivir y cuantas más de sus derechos se vean garantizados y perfectamente ejercidos, mejor será para la nación, el territorio o la localidad.

Las reformas estatutarias emprendidas con la caída de la derecha del poder tienen dos intenciones: una, reestructurarse frente a los nuevos retos transcurridos esos 30 años de cambios en la sociedad; dos, volver a intentar contener las exigencias del nacionalismo. Cuando ha llegado el momento de que la ciudadanía se pronuncie a las reformas, en el caso catalán votó menos de la mitad del electorado. ¿Era pues, un tema relevante para la sociedad? Recordemos en una sociedad partida a la mitad, no ya sólo izquierda-derecha, sino nacionalismo-no nacionalismo, donde algo que, supuestamente, debería tener relevancia para la "nación catalana", no la tiene. ¿En verdad es, pues, tan importante el nacionalismo? ¿No será que los ciudadanos dijeron simplemente: "trabajad y dejadnos en paz con vuestras discusiones sin sentido"?

Voy a emplear la historia de España liberal para referirme al Senado. Históricamente el Senado ha sido siempre una cámara conservadora, como en el resto de los Estados liberales. Los regímenes más radicales, los que más se propusieron avanzar, los más progresistas, como las Cortes de Cádiz o la II República, no tenían cámara alta. El Senado es un estorbo. En el régimen actual el Senado tiene menos poder que el Congreso, el Congreso siempre tiene la última palabra, ya lo hemos podido ver en estas últimas legislaturas con los Presupuestos. Hay que estar agradecidos que esto no sea Italia, con dos cámaras de iguales poderes, causante de caídas de gobiernos. Pero, ¿para qué queremos un Senado que no sirva para nada? Está la otra propuesta, que sea la cámara de representación territorial, recogido además en la Constitución. En el Parlamento no se tienen que representar ni estamentos ni territorios, como las cortes medievales, en el Parlamento se haya representada la soberanía nacional, que reside en el pueblo. El Senado no tiene cabida, debe dejar de existir.

En el nacionalismo tenemos que hacer una distinción: hay ciudadanos que se sienten nacionalistas, y hay políticos que hacen negocio y se mantienen en el poder a base de explotar ese sentimiento. Es palpable que el nacionalismo surge por la existencia de unas diferencias- económicas, sociales, culturales- con el resto del país, y mucho más cuando se trata de regiones más adelantadas (Quebec, Lombardía, Cataluña, Euskadi, Flandes…). El nacionalismo se le combate mejor con la palabra, con la democracia: el nacionalismo se mantiene a base de un discurso de mentiras, de egoísmo y diferencia frente al otro, y hay que desmontar esas tesis. Ante las propuestas de consultas, yo quiero seguir el ejemplo del Partido Laborista escocés. No es un partido secesionista, pero quiere que se haga la consulta para que los independentistas sean derrotados y privarles de su discurso identitario. Lo mismo tenemos que hacer: si se quieren promover consultas, que se hagan, que se marquen criterios de más allá de la mitad más uno, tanto en votos como participación, porque si pasa lo mismo que en las consultas de los estatutos catalán y andaluz, es que esos temas les importan bien poco a la ciudadanía. Una vez pasados esos trámites, derrotadas las posturas soberanistas, esos gobiernos nacionalistas o se dotan de un nuevo discurso, de un verdadero programa de gobierno, o serán los ciudadanos quienes determinen quién gobierne. Lo que sí es cierto es que hay una autodeterminación: la ciudadanía vasca, española, europea, puede expresarse libremente, por multitud de canales, como el voto, para hacer mostrar su opinión de las cosas. Autodeterminación podría ser perfectamente acabar con 28 años de clientelismo peneuvista.

Es necesario un nuevo contrato social. Hay que redefinir el Estado, actualizarse a los nuevos desafíos de la sociedad, avanzar a la democracia más cercana al ciudadano. Y de una vez por todas, dar una patada a los que zancadillean este camino: el capitalismo, la violencia terrorista y los personalismos.

El nuevo contrato social debe ser de la voluntad mayoritaria, lo más amplia posible, de la ciudadanía, en un pacto histórico. Siguiendo a Rousseau, la voluntad general es soberana, es absoluta, todo lo puede. Los viejos modelos tuvieron su acierto en su momento, pero todo tiene un desarrollo, todo acaba por morirse. La monarquía no tiene ninguna consistencia racional en mantenerse en un país que debe ser democrático desde la copa hasta la raíz, luego ese contrato social debe eliminar esos vestigios del pasado. La igualdad real de todos los ciudadanos debe ser un objetivo a conseguir, el nuevo contrato social tendrá que establecer un Estado democrático garantista, y a la vez animador del desarrollo individual. La solidaridad entre los diversos territorios es una garantía más al desarrollo en conjunto de la sociedad y de esa igualdad mencionada: no son solidarios los territorios, lo deben ser los ciudadanos. Ese contrato social está hecho entre los ciudadanos, como voluntad de convivencia y búsqueda del bien común, no entre diversos territorios. La nación que se configure es la nación política, la voluntad de unos ciudadanos de convivir juntos, no tiene una personalidad propia, ni se basa en diferencias culturas, lingüísticas o históricas. La Revolución francesa nos enseñó que la nación que proyectó Sieyès en ¿Qué es el Tercer Estado? es una nación de integración, que no está anclada a la historia del feudalismo y del absolutismo para configurar un nuevo marco político.

¿Qué pensamos al hablar de la nación? Pienso en una historia, en unas características en las cuales nos reconocemos, en un territorio, sí, pero también que esa nación está integrada por infinidad de personas que cada día luchan por sobrevivir, unos necesitados de mayor esfuerzo que otros, que necesitan de una mano tendida. El mejor patriotismo será todo aquello que contribuya a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la riqueza nacional. Esto para España, pero también se puede extrapolar a Europa, y, con el tiempo, al mundo.

La España territorial. Perspectivas y reformas.

La España autonómica nos ha traído las décadas más fructíferas, en muchos sentidos, de nuestra Historia.

La obsolescencia del centralismo unitario, modelo típicamente español, tiene la culpa de buena parte de nuestros fracasos históricos a la hora de crear un marco común y compartido de convivencia, a la hora de crear un proyecto común como país.
Con la muerte del dictador y con el anquilosamiento de su régimen también se sobreentendió el agotamiento histórico del sistema de organización centralista.
Se hacía necesario un acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, devolver parte del poder a su titular teórico y más lógico: las regiones, para una efectiva y práctica redistribución del poder.

La perspectiva de la descentralización se presentaba como una tarea compleja.
Había distintos puntos de partida. Regionalismos históricos como el vasco y el catalán y regiones que, ciertamente, nunca habían demandado ostentar un poder particular dentro del Estado.
Estas diferencias se vieron reflejadas en los estatutos de dos velocidades, que instauraron, también en dos velocidades (y por lo tanto, en distintos grados) algunas comunidades sobre las otras. Cataluña, País Vasco y otras, sobre el resto, con más atribuciones y a priori, más autogobierno.

Sin embargo, y pese a la diferencia de partida, se ha conseguido armonizar, con el paso de los años, las legislaturas y los presidentes, todo el territorio nacional, cohesionarlo de una manera racional y positiva, en pos de la convivencia, la solidaridad y la equidad territorial.

Sin embargo este sistema, este proyecto sugestivo de convivencia en común defendido por los que nos consideramos "constitucionalistas", tiene varias espadas de Damócles sobre sí.
Lo común, lo general, lo de todos, es amenazado por lo particular, por lo exclusivo y por el interés sectario (en tanto que de sector) , que para algunos, prima sobre el compartido.
Me refiero, evidentemente, a los nacionalistas.

Hubo un pacto en España, un contrato social, que es lo más valioso, válido y perpetuable de la Transición.
Todo trato, todo acercamiento de posturas requiere un abandono de ciertas posturas, para limar diferencias.
La izquierda renunció a su revolucionario programa máximo y con dolor: a la República.
La derecha sencillamente aceptó las reglas democráticas y el parlamentarismo y los nacionalistas, que también participaron de la redacción constitucional, renunciaron a la independencia en sus territorios.

La izquierda cumple, la derecha cumple (y menos mal) pero los nacionalistas han roto el pacto que contrajeron.
No han renunciado a sus exigencias máximas y se han visto reforzados gracias a una ley electoral que les catapulta hasta convertirlos en decisivos para la aprobación de cualquier ley en el parlamento.
No han renunciado a sus exigencias máximas, las cuales combinan habilidosamente con peticiones (a veces chantajes) puntuales y circunstanciales en forma de euros, en forma de financiación.

Y los dos grandes partidos han de ceder si quieren sacar adelante la ley presupuestaria anual, engrosando la bolsa vasca o catalana -PNV o CIU- , según se dé la coyuntura.
Esta bilateralidad este hablar de tú a tú con el Poder central e incluso poder chantajearlo, rompe, precisamente, lo mejor del pacto constitucional: la multilateralidad, la idea de que todos somos iguales, tengamos o no, partido regionalista, nacionalista, independentista, en el Parlamento Nacional español.

Algunos, desde Cataluña, por ejemplo, exigen limitar la solidaridad a sólo unas cuestiones (y el PSC va con ellos), piden también una política fiscal equiparable al foralista cupo vasco (es decir, recibir lo que se da, como si esto fuera una caja de ahorros, sin atender a la solidaridad, sin atender a la verdad constitucional que dice que somos una Nación y que todos tenemos unas responsabilidades para con los otros). Ah, y la independencia en 2016.

En el País Vasco más de lo mismo: desafíos a la integridad del Estado y el intenso raca-raca de su aún (y por poco tiempo) lehendakari, todo ello en un marco dramático de imposición, violencia y represión a todo lo sospechoso de constitucionalista, de todas las ideas no comulgantes con lo que Savater denomina "el nacionalismo obligatorio".

Así pues, hay fuerzas políticas en España, de tinte nacionalista e independentista (dado que el nacionalismo, por definición, trata de conformar un Estado independiente para una comunidad política diferenciada -natural o artificialmente, no importa- respecto de otra comunidad política)

Lo paradógico es que son estos partidos los que tienen la llave del juego democrático en España. Ellos son las fuerzas centrales de la Democracia, y con ellos, con los que quieren hacer desaparecer el Estado tal y como lo conocemos, hay que pactar la construcción del Estado.
Qué contradicción.

Para evitar esta situación propongo cambios en la ley electoral, en la forma de elegir a los diputados nacionales y una reforma del Senado. Puntos, todos ellos, que desarrollaré en una reflexión ulterior.

A grandes rasgos, estas son mis propuestas:
Demarcación electoral única en todo el país para el Congreso de los Diputados.

Elevar el porcentaje de voto mínimo para conseguir representación parlamentaria, hasta el 5%.

Reforma de la ley electoral: un ciudadano un voto.

Así, se garantizaría:
Que los elegidos como diputados, representen, tal es su tarea, a todo el territorio nacional y que en el parlamento se hable de cuestiones de índole nacional.
Potenciar y estimular la existencia de un tercer partido visagra con proyecto nacional (que Izquierda Unida tenga, con un millón de votos, 11 escaños y no los dos que la actual ley les otorga)
Que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo, se emita donde se emita el sufragio.

¿Desaparecerían los partidos nacionalistas? no, pero sí desaparecería esa injusticia según la cual los partidos nacionalistas (y los dos grandes partidos) se ven sobre-representados en detrimento de otras fuerzas políticas.
¿Y qué pasaría con esos partidos nacionalistas que en ningún caso superan el 3% de los sufragios?
Irían al Senado, que tendría que ser reformado para cumplir plenamente las dos funciones constitucionales que tiene asignadas:

1) Cámara de doble lectura y doble reflexión
2) Cámara de representación territorial

En un Senado sin atribuciones propias, que reproduce, por lo general, las mayorías de la Cámara Baja y que trata en los mismos términos los temas de ésta, para bloquearlos o darles el visto bueno, no se atiende a la necesaria e importante función de la representación territorial.

O el Senado se reforma o desaparece.
En lo sucesivo, iré desgranando mi pensamiento sobre la España territorial.

Un saludo.

(VII) TEMA DEL MES DE NOVIEMBRE: "30 AÑOS DE ESPAÑA AUTONÓMICA"

A prácticamente 30 años de la Constitución Española y de que se pusiera en marcha el proyecto pre-autonómico, conviene que hagamos un balance de todos estos años y que tratemos y debatamos en torno a algunos de estos puntos (que como sabéis son meras guías orientativas). El debate es libre.

- 30 años de modelo autonómico ¿balance positivo o negativo?

- Hacia donde nos llevan las reformas estatutarias "de segunda generación"?

- ¿Cuál debería ser el papel del Senado? ¿Debe ser sólo una cámara de doble lectura o debe ser cámara de representación del poder territorial?

- Nacionalismo, ¿Identidad o dinero? ¿amenaza a la solidaridad interterritorial? ¿por qué abundan los partidos nacionalistas? ¿cuál debe ser la postura de los 'constitucionalistas' con proyecto nacional, ante el reto particularista de los referendos sobre el derecho a decidir?

- ¿Cómo construir una España territorialmente más cohesionada y solidaria?

- ¿Es necesario un nuevo pacto social para superar las tensiones territoriales, afrontando como posibilidad una respuesta federalista?

A debatir, amigos. Desde nuestra pluralidad, podemos entablar un debate muy interesante y fructifero.
¡Ánimo!

Saludos Progresistas

Reflexiones sobre cuestiones nacionalistas (I)

El tema de este mes nos propone analizar el papel de la izquierda tanto nacional como europea, identificar sus vicios y buscar nuevas ideas, nuevas estrategias renovadoras que los subsanen y corrijan, con el fin de lanzar nuevas y más atractivas propuestas.

Al mismo tiempo, Daniel abrió (si me lo permite) la caja de los truenos. Una reflexión sobre el nacionalismo, la situación lingüistica del castellano en las regiones con dos lenguas oficiales y otras cuestiones relacionadas.
Estos temas, por delicados y por transcender desde el terreno de las ideas hasta el de los sentimientos, mueven muchas reacciones, actitudes y pasiones enfrentadas.

Pero no por ello debemos pasar de puntillas y limitarnos a mirar de reojo la cuestión sin "meternos en harina".
Además, en mi opinión, uno de los errores de fondo de la izquierda nacional tiene que ver con esta cuestión.

Y es que de un tiempo a esta parte siento un gran desasosiego al comprobar que faltan voces dentro del socialismo catalán que defiendan con normalidad y sin tapujos ni miedos, aquello que se ha dado a llamar neutramente el "Estado Español", y que siempre se ha llamado España.
Esta sensación subjetiva se profundiza tras atender a las resoluciones del último congreso "nacional" del PSC.
Como partido autodenominado "catalanista" y empeñado en arañar votos a los nacionalistas de carnet como CiU o ERC, el PSC ha quedado desnaturalizado, desdibujado.

Nos quejamos muchas veces de que el PP se adueña de España, pero es que en esta cuestión, se la hemos puesto en bandeja. El PP se presenta en Cataluña como "el único partido constitucionalista".

Lo que la Constitución enuncia sobre la cuestión lingüistica es que el castellano es la lengua oficial en todo el territorio español. Esta oficialidad será complementada, yuxtapuesta (no solapada) por las lenguas regionales, si las hubiere.
El nacionalismo reinante en Cataluña desde hace décadas, siempre ha tomado medidas que más que la cooficialidad y el enriquecedor bilingüismo , buscaban la solapación, la sustitución de una lengua por la otra.
Escuelas, organismos oficiales, instituciones y hasta tiendas de barrio han sido los campos de maniobras de los obsesionados nacionalistas.
La inmersión lingüistica y cultural atañe a los ciudadanos y por ende también a los partidos.
Es por ello que el PSC ha pasado de ser el partido de los humildes emigrantes extremeños y andaluces de las primeras décadas de la Democracia, a ser un partido cuasi-nacionalista.
El PSC se puso, habilmente "a la última moda" electoral aunque por el camino se dejaron demasiados jirones y compromisos ideológicos irrenunciables.
23 años en la oposición bajo la sombra de Pujol les hicieron comprender que las batallas de las urnas catalanas se libran en lo identitario, en lo sentimental y en la particularidad. En segundo término quedaron ideas como la igualdad, la solidaridad, lo social, eclipsadas tras lo nacional.

La política lingüistica quizás solo sea la punta del iceberg. El castellano en la escuela, en los medios y en las instituciones públicas están muy por debajo del márgen de la dignidad.
Pero solo es un síntoma de algo más: de un incomprensible complejo de inferioridad, de un victimismo insostenible que justifica la imposición del catalán por la idea de que solo crecerá y se afianzará socialmente si lo hace a costa del castellano, (inocente representante de un pasado de opresión identitaria y política que acabó en 1978).

1978, cuando se promulgó aquello del bilingüismo, la cooficialidad, la convivencia de los enriquecedores elementos culturales que componen nuestro país.
Eso tan sencillo, razonable, positivo. Eso que tanto pica a algunos. Eso que está siendo dinamitado.
Es cierto.

Dos horas de castellano a la semana no es bilingüismo.

Una televisión pública 100% catalonófona no es bilinguismo.

Promocionar económicamente con fondos públicos el etiquetado y el rotulado de productos y comercios en catalán y multar los que lo están en castellano no es bilingüismo.

Unas instituciones incapaces de expedir un documento oficial en una de las dos lenguas oficiales no es bilingüismo.

Los requisitos excluyentes para acceder al funcionariado o a cualquier otro puesto cara al público, no es bilingüismo.
Ergo, no se está cumpliendo la ley. La está incumpliendo el gobierno autónomo de Cataluña ( socialistes y socios adyacentes).

Surgió un partido no nacionalista que actualmente cuenta con representación parlamentaria (pese a todas las dificultades, trabas y pese a lo dura que es ya la costra de la inmersión identitaria). Todos los partidos "catalanistas-nacionalistas e independentistas" (los que conforman el establishment) se apresuraron a tildarles de "fascistas", y "españolistas", como si el término españolista fuese un insulto mientras que ser catalanista se convierte en conditio sine qua non para alcanzar el sillón del a Generalitat.

¿Es nuestro amigo Daniel un fascista enemigo de su propia tierra?. Reflexionemos.
Solo es un "ciudadano rebelde" dispuesto a llenar con sus ideas, un espacio ahora vacío.

Un espacio que otros abandonaron voluntariamente y en tropel como una desorientada manada dispuesta a pastar en mejores y más cómodas praderas.

El espacio de la izquierda madura, racional, ilustrada y española.