La España territorial. Perspectivas y reformas.

La España autonómica nos ha traído las décadas más fructíferas, en muchos sentidos, de nuestra Historia.

La obsolescencia del centralismo unitario, modelo típicamente español, tiene la culpa de buena parte de nuestros fracasos históricos a la hora de crear un marco común y compartido de convivencia, a la hora de crear un proyecto común como país.
Con la muerte del dictador y con el anquilosamiento de su régimen también se sobreentendió el agotamiento histórico del sistema de organización centralista.
Se hacía necesario un acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, devolver parte del poder a su titular teórico y más lógico: las regiones, para una efectiva y práctica redistribución del poder.

La perspectiva de la descentralización se presentaba como una tarea compleja.
Había distintos puntos de partida. Regionalismos históricos como el vasco y el catalán y regiones que, ciertamente, nunca habían demandado ostentar un poder particular dentro del Estado.
Estas diferencias se vieron reflejadas en los estatutos de dos velocidades, que instauraron, también en dos velocidades (y por lo tanto, en distintos grados) algunas comunidades sobre las otras. Cataluña, País Vasco y otras, sobre el resto, con más atribuciones y a priori, más autogobierno.

Sin embargo, y pese a la diferencia de partida, se ha conseguido armonizar, con el paso de los años, las legislaturas y los presidentes, todo el territorio nacional, cohesionarlo de una manera racional y positiva, en pos de la convivencia, la solidaridad y la equidad territorial.

Sin embargo este sistema, este proyecto sugestivo de convivencia en común defendido por los que nos consideramos "constitucionalistas", tiene varias espadas de Damócles sobre sí.
Lo común, lo general, lo de todos, es amenazado por lo particular, por lo exclusivo y por el interés sectario (en tanto que de sector) , que para algunos, prima sobre el compartido.
Me refiero, evidentemente, a los nacionalistas.

Hubo un pacto en España, un contrato social, que es lo más valioso, válido y perpetuable de la Transición.
Todo trato, todo acercamiento de posturas requiere un abandono de ciertas posturas, para limar diferencias.
La izquierda renunció a su revolucionario programa máximo y con dolor: a la República.
La derecha sencillamente aceptó las reglas democráticas y el parlamentarismo y los nacionalistas, que también participaron de la redacción constitucional, renunciaron a la independencia en sus territorios.

La izquierda cumple, la derecha cumple (y menos mal) pero los nacionalistas han roto el pacto que contrajeron.
No han renunciado a sus exigencias máximas y se han visto reforzados gracias a una ley electoral que les catapulta hasta convertirlos en decisivos para la aprobación de cualquier ley en el parlamento.
No han renunciado a sus exigencias máximas, las cuales combinan habilidosamente con peticiones (a veces chantajes) puntuales y circunstanciales en forma de euros, en forma de financiación.

Y los dos grandes partidos han de ceder si quieren sacar adelante la ley presupuestaria anual, engrosando la bolsa vasca o catalana -PNV o CIU- , según se dé la coyuntura.
Esta bilateralidad este hablar de tú a tú con el Poder central e incluso poder chantajearlo, rompe, precisamente, lo mejor del pacto constitucional: la multilateralidad, la idea de que todos somos iguales, tengamos o no, partido regionalista, nacionalista, independentista, en el Parlamento Nacional español.

Algunos, desde Cataluña, por ejemplo, exigen limitar la solidaridad a sólo unas cuestiones (y el PSC va con ellos), piden también una política fiscal equiparable al foralista cupo vasco (es decir, recibir lo que se da, como si esto fuera una caja de ahorros, sin atender a la solidaridad, sin atender a la verdad constitucional que dice que somos una Nación y que todos tenemos unas responsabilidades para con los otros). Ah, y la independencia en 2016.

En el País Vasco más de lo mismo: desafíos a la integridad del Estado y el intenso raca-raca de su aún (y por poco tiempo) lehendakari, todo ello en un marco dramático de imposición, violencia y represión a todo lo sospechoso de constitucionalista, de todas las ideas no comulgantes con lo que Savater denomina "el nacionalismo obligatorio".

Así pues, hay fuerzas políticas en España, de tinte nacionalista e independentista (dado que el nacionalismo, por definición, trata de conformar un Estado independiente para una comunidad política diferenciada -natural o artificialmente, no importa- respecto de otra comunidad política)

Lo paradógico es que son estos partidos los que tienen la llave del juego democrático en España. Ellos son las fuerzas centrales de la Democracia, y con ellos, con los que quieren hacer desaparecer el Estado tal y como lo conocemos, hay que pactar la construcción del Estado.
Qué contradicción.

Para evitar esta situación propongo cambios en la ley electoral, en la forma de elegir a los diputados nacionales y una reforma del Senado. Puntos, todos ellos, que desarrollaré en una reflexión ulterior.

A grandes rasgos, estas son mis propuestas:
Demarcación electoral única en todo el país para el Congreso de los Diputados.

Elevar el porcentaje de voto mínimo para conseguir representación parlamentaria, hasta el 5%.

Reforma de la ley electoral: un ciudadano un voto.

Así, se garantizaría:
Que los elegidos como diputados, representen, tal es su tarea, a todo el territorio nacional y que en el parlamento se hable de cuestiones de índole nacional.
Potenciar y estimular la existencia de un tercer partido visagra con proyecto nacional (que Izquierda Unida tenga, con un millón de votos, 11 escaños y no los dos que la actual ley les otorga)
Que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo, se emita donde se emita el sufragio.

¿Desaparecerían los partidos nacionalistas? no, pero sí desaparecería esa injusticia según la cual los partidos nacionalistas (y los dos grandes partidos) se ven sobre-representados en detrimento de otras fuerzas políticas.
¿Y qué pasaría con esos partidos nacionalistas que en ningún caso superan el 3% de los sufragios?
Irían al Senado, que tendría que ser reformado para cumplir plenamente las dos funciones constitucionales que tiene asignadas:

1) Cámara de doble lectura y doble reflexión
2) Cámara de representación territorial

En un Senado sin atribuciones propias, que reproduce, por lo general, las mayorías de la Cámara Baja y que trata en los mismos términos los temas de ésta, para bloquearlos o darles el visto bueno, no se atiende a la necesaria e importante función de la representación territorial.

O el Senado se reforma o desaparece.
En lo sucesivo, iré desgranando mi pensamiento sobre la España territorial.

Un saludo.